Política

LOS HERMANOS ZARACHO: UN VERDADERO PELIGRO

La Fiscal Norma Elizabeth Zaracho es hermana de otro abogado, Jorge Savino Zaracho, que era Defensor de Pobres y Ausentes de El Colorado. Es decir, que ambos trabajaban en el Poder Judicial de la provincia de Formosa, y los dos son bien conocidos porque se los considera “un verdadero peligro”, como los califican sus colegas.

La Fiscal Zaracho no solamente se hizo conocida por el caso de la “Banda de Rock”; también tuvo un rol protagónico en el proceso que le armaron al padre Miguel Pessuto, a quien acusó del delito de “usurpación” de un predio baldío perteneciente al Instituto Provincial de la Vivienda.

El predio, ubicado en el barrio 20 de Julio de la ciudad de Formosa, había sido solicitado en donación por el Obispado de Formosa para la parroquia “Sagrada Familia” del Padre Pessuto. El I.P.V. estuvo de acuerdo, avanzando el trámite por expediente administrativo y también se realizó la mensura y parcelamiento del inmueble.

Pasó el tiempo y Pessuto, creyendo que el trámite de la donación había concluido, autorizó el 19 de setiembre de 2008 el uso del predio a unas familias sin techo, que necesitaban un lugar provisorio para estar. Por ese motivo, el I.P.V. denunció al cura por el delito de “usurpación”.

Sin averiguar los antecedentes del caso, y a pesar de que el cura aclaró que el I.P.V. había autorizado el trámite de donación de la parcela, la Dra. Norma Zaracho formalizó la acusación fiscal contra Pessuto y solicitó que se le tome declaración indagatoria como usurpador.

En la indagatoria, la Zaracho procedió a interrogar al padre Pessuto tratando de que diga si el Obispado le había dado instrucciones para entregar la tierra a las familias sin techo. Era evidente el propósito de la fiscal de incriminar al Obispo José Vicente Conejero en el delito de usurpación.

Finalmente, cuatro meses después de iniciado el proceso, el juez Enrique Guillen dictó el sobreseimiento de Pessuto, eximiéndolo de toda culpa. En su resolución el juez fustigó a los que acusadores calificándolos de “negligentes”, y de haber tenido un “lamentable papel institucional”, al no haber informado los trámites administrativos que estaban en curso para la donación del inmueble.

El juez Guillen recordó que para que se configure el delito de usurpación debe existir dolo o intención, algo que en este caso no ocurrió porque el sacerdote estaba convencido de que el IPV ya había cedido el predio a la Iglesia.

La que tomó nota de la reprimenda fue la fiscal Zaracho, que tenía el deber de verificar los antecedentes del caso antes de formular su acusación, cosa que no hizo evidentemente.

A pesar de estas “metidas de pata”, la Zaracho fue promovida. De fiscal de primera instancia, pasó a Fiscal de Cámara, y con esa nueva función es la acusadora de Hernández en el juicio que se le está siguiendo al ex intendente radical.

Como las audiencias de este juicio fueron televisadas en sus partes más importantes, la figura de la Zaracho como acusadora se hizo conocida por la opinión pública formoseña, aunque en este proceso se hizo evidente que está “floja de papeles” y que su propósito es lograr la condena de Hernández aunque sea sin pruebas.

EL HERMANO DE LAS 11.000 CAUTELARES

Por su parte, el hermano de la fiscal, Jorge Savino Zaracho, que era Defensor de Pobres y Ausentes, también se hizo conocido en todo el país por haber otorgado en dos días, cuando actuó como juez subrogante en El Colorado, medidas cautelares a favor de 11.000 integrantes de Gendarmería Nacional, todos ellos clientes un mismo abogado correntino, Amílcar Nelson Serial.

Cuando Serial se enteró de que Zaracho estaba subrogando transitoriamente el Juzgado Civil de El Colorado, le presentó 43 recursos de amparo todos juntos, correspondientes a sus miles de clientes, a pesar de que el Juzgado Civil de El Colorado no era competente para resolver sobre esas diferencias salariales del personal de Gendarmería Nacional.

Así fue que entre el 9 y el 10 de febrero de 2012, el juez Zaracho otorgó 43 medidas cautelares a favor de 11.000 miembros de la Gendarmería, ordenando al gobierno liquidar las diferencias salariales de acuerdo a lo pedido por el abogado Serial.

Los beneficiados por las cautelares ordenadas por Zaracho ni siquiera tenían domicilio en Formosa. Eran de todo el país, y en su mayoría de Salta y Tierra del Fuego. 

Esta sentencia de Zaracho fue la mayor concentración de cautelares de todo el país y abarca a casi la mitad de los efectivos de Gendarmería Nacional. Once mil amparos concedidos en dos días por un juez subrogante en una pequeña ciudad constituye un indiscutible récord

Jorge Savino Zaracho terminó denunciado por la Procuración del Tesoro de la Nación ante el Superior Tribunal de Justicia de Formosa, que en octubre de 2012 dispuso suspenderlo en el cargo e investigarlo administrativamente, ordenando que se le forme un Jurado de enjuiciamiento.

Según el fiscal que investigó el caso, el abogado Serial y su esposa, Josefa Milán, mediante estas medidas cautelares dispuestas por Zaracho, obtuvieron ganancias por unos veinte millones de dólares, en complicidad con el juez subrogante, “estafando escandalosamente al Estado Nacional”. Ya que esas resoluciones masivas de ajuste de haberes eran una “maniobra de fraude” en perjuicio del Gobierno de la Nación, que debió pagar a los clientes de Serial los montos ordenados por el juez Zaracho.

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