Política

“Mi condena no se decidió en un Tribunal, sino en la Casa de Gobierno”

La Cámara Segunda en lo Criminal de la provincia condenó al ex intendente Gabriel Hernández a tres años de prisión en suspenso, con inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos, por el delito de peculado, por haber pagado los sueldos de los empleados municipales con una ayuda financiera de $80.000 enviada por el Gobierno Nacional en febrero de 2002.

Hernández expresó que “los jueces de Formosa son obedientes; cumplen instrucciones. Mi condena no se decidió en un Tribunal, sino en la Casa de Gobierno”.

La Sentencia N° 10.454 fue firmada por el juez Ramón Alberto Sala, afiliado al Partido Justicialista, y los jueces Ricardo Fabián Rojas y Vanessa Jenny Andrea Boonman, hermana del apoderado del PJ.

Además de la pena de prisión en suspenso, el fallo dispone que Hernández debe realizar de tareas comunitarias en Cáritas Diocesana y debe pagar a la Municipalidad de Formosa la suma de $80.000 con intereses, correspondiente al dinero usado para el pago de haberes.

A comienzos del año 2002, cuando se recibió la ayuda financiera de $80.000 enviada por la Nación, la situación económica de la Municipalidad de Formosa era muy difícil, porque el gobierno de Gildo Insfrán retuvo hasta cuatro meses la coparticipación correspondiente a la Comuna, y cuando finalmente transfería los fondos, se apropiaba de los pesos y Lecop y los reemplazaba por Bocanfor.

Esta asfixia financiera impedía abonar normalmente los sueldos del personal, haciéndose más grave la situación por el vandalismo del sindicato SITRAMF comandado por Coki Zarza, que con huelgas y tomas de los edificios municipales paralizaba el funcionamiento administrativo de la Comuna. Por ese motivo, Hernández destinó los $80.000 recibidos de Nación al pago de haberes de los empleados municipales.

El uso que le di a esa ayuda financiera de Nación fue legítimo y necesario –dijo Gabriel Hernández- mi primera obligación como intendente era completar el pago de haberes de los empleados, y los $80.000 fueron inmediatamente destinados al pago de los sueldos. No hubo peculado y ningún otro delito, ya que consideramos que el dinero era de libre disponibilidad para la gestión municipal”.

Por eso, Hernández dijo: “esos fondos tuvieron un destino totalmente legal, usé el dinero recibido de Nación para el pago de haberes y si volviese a encontrarme en una situación igual, lo volvería a hacer”.

Cuando asumió Fernando De Vido como nuevo intendente, denunció penalmente a Hernández por haber usado ese dinero para pagar sueldos. Según De Vido, esa ayuda financiera tenía otro destino, que supuestamente era cubrir la emergencia alimentaria de familias de escasos recursos.

JUECES AFILIADOS EL PJ

Al iniciarse las audiencias del juicio, Hernández denunció que tanto el juez de instrucción que tuvo a su cargo la primera etapa del proceso, Rubén Antonio Spessot, como también la jueza de la Cámara de apelaciones, María Viviana Taboada, son afiliados al Partido Justicialista, como también lo es el juez Alberto Ramón Sala.

Este proceso es nulo porque tres de los jueces que lo impulsaron son afiliados al partido gobernante, ¿qué clase de independencia e imparcialidad garantizan estos jueces afiliados?” -planteó el ex intendente, quien denunció a Spessot, Taboada y Sala ante el Juzgado Federal de Formosa por violación del art. 24 de la Ley 23.298 que prohíbe expresamente a los magistrados estar afiliados a partidos políticos.

Tras la lectura de la sentencia, Hernández manifestó que va a interponer recurso de casación contra la condena, y si es rechazado por el Superior Tribunal de Justicia, va a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se dejen sin efecto las sanciones impuestas.

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