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Mientras Edgar Pérez cerró la página de Defensa al Consumidor para denuncias contra los abusos, Gialluca pide más teléfonos para denuncias en el interior

Mientras por parte de la Oficina de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario de la Provincia de Formosa, ahora pomposamente a cargo del arquitecto Edgar Pérez se mantiene inexplicablemente cerrada e inhabilitada para poder realizarse las denuncias por especulaciones, remarcaciones y a abusos de precios a los consumidores vía on line, obligándolos –ya que los teléfonos no atienden nunca– a ir personalmente pese al aislamiento y restricciones para circular, a hacer las denuncias presenciales en José María Uriburu Nº 820 – 2º.

En contraposición de la injustificable inhabilitación de la página oficial de Defensa al Consumidor, desde la Defensoría del Pueblo de la provincia solicitaron la habilitación de números telefónicos para denunciar sobreprecios.

EL MENSAJE DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR ES: Señor Consumidor y/o Usuario:
Se informa que, para cualquier consulta y/o denuncia que desee realizar, debe acercarse a la Oficina de esta Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario de la Provincia de Formosa, sita en José María Uriburu Nº 820 – 2º Piso, en horario de Atención al Público, o comunicarse al Teléfono (0370) 4436-198 para ser asesorado personalmente y en caso de corresponder, formalizar el trámite administrativo pertinente. «HACEMOS VALER SUS DERECHOS»

Desde la Defensoría del Pueblo se afirmo que con un DNU el Gobierno Nacional debería urgentemente cambiar la Ley de Defensa de la Competencia para declarar Autoridad de Aplicación a los Intendentes y de esta manera podrán controlar precios en los comercios ubicado dentro de su ejido urbano.

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, afirmo que los intendentes hoy tienen el control bromatológico de los productos alimenticios que se venden, pero no tienen el control de los precios, y ante el avance de la pandemia del Coronavirus, nos encontramos con los vivos de siempre que quieren hacer sus negocios a costillas de los trabajadores públicos y privados, especialmente tenemos que proteger a los cuentapropista que hoy no pueden llevar ninguna suma de dinero a su grupo familiar y en este contexto de la emergencia sanitaria, ya no se habla de la depreciación de los salarios, ni tampoco de la falta de capacidad económica de compra de alimentos, elementos de higiene y medicamentos de los consumidores, tampoco nadie dice nada de la inflación o de las remarcaciones de precios donde las empresas productoras de alimentos y los laboratorios, junto a los bancos continúan siendo los únicos sectores con abultadas ganancias y con el antecedente de que durante cuatro años hicieron lo que quisieron frente a un estado ausente, y donde los precios eran fijados unilateralmente y por ello es que necesitamos de manera inmediata transparencia en toda la cadena de comercialización y fuertes controles, “coordinados entre el estado nacional, provincial, municipios y las defensorías del pueblo con el apoyo de la gente” Gialluca señalo que no podemos estar ahora discutiendo si la decisión se centra en enmarcarla dentro de la Ley de Defensa de la Competencia o de Ley de Abastecimiento o de Ley de Lealtad Comercial. Dichas leyes corresponde aplicarlas a las provincias, cuando la falta de productos afecta al comercio local, y al gobierno nacional a través de la Secretaría de Comercio Interior, cuando se ve afectado el comercio interjurisdiccional.

Por esto lo que hemos propuesto a Ministro de Desarrollo Productivo Dr. Matías Sebastián KULFAS y a la Secretaría de Comercio Interior Lic. Paula Irene ESPAÑOL en que en el actual contexto, de emergencia sanitaria y económica por el Covid-19, todas las faltas a la Ley de Abastecimiento  deberán entenderse como faltas graves de incidencia nacional, por lo que el Gobierno Central mediante canales electrónicos preestablecidos, deberá ser el encargado de aplicar sanciones que surjan de Actuaciones que se inicien en Municipios o en Provincias. Con ello podremos enfrentar a los diferentes conflictos y posturas judiciales que los empresarios ya vienen manifestando la posible inconstitucionalidad de estas medidas, “cuando lo que necesitamos rápidamente es que apuntalemos Precios Justos y Razonables con Precios Máximos para determinados productos esenciales y darles a los Intendentes la garantía suficiente para fiscalizar precios y someter a sanciones a los comercios que no respeten los mismos”

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