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Ruta del dinero K: la Cámara Federal intimó a Casanello para que decida si indaga a Cristina Kirchner

El Tribunal de Alzada conminó al juez a que resuelva “sin demoras” si la ex presidenta debe declarar como sospechosa.

La Sala II de Cámara Federal en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por Martín Irurzun y Eduardo Farah, volvió a ordenar con dureza al juez federal Sebastián Casanello para que decida si llama o no a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa de la ruta del dinero K.

En una resolución, le dijo que en todo caso “lleve a cabo sin demoras las medidas de prueba que entienda necesarias previo a adoptar esa definición” que decidirá el nivel de complejidad de la situación judicial de la senadora electa.

En su resolución, el tribunal señaló que Casanello en esta pelea con la Unidad de Información Financiera (UIF) -que dirige Mariano Federici- “una y otra vez trasunta en la ausencia de prueba directa, pero soslaya cualquier evaluación razonada de los indicios que se le señalan, amén de encorsetar rígida y anticipadamente la clasificación de los bienes”.

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El juez reclama documentos que confirmen que la ex presidenta participó del lavado de 60 millones de dólares que hizo el empresario Lázaro Báez por lo cual está preso desde hace casi dos años.

“Y ello resulta contradictorio con el contenido de la instrucción que viene desarrollando, porque suma una exigencia para que se encuentre una prueba de una evidencia inusual en este tipo de hechos para avanzar en consecuencia cuando, en ese sentido, no fue necesario contar con una equivalente para arribar al estadio actual del proceso en relación al principal imputado de la causa; por otro lado, el avance de la instrucción refleja la confusión del capital y la dificultad que ello conlleva para su conceptualización, lo que además resulta propio de la finalidad que persigue el delito del que se trata”, indicó.

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“Si bien desliza una mención a los pedidos en idéntico sentido del Fiscal y de la Oficina Anticorrupción, califica como esforzado al del primero pero no lo analiza, para descartar rápidamente la pertinencia de la prueba evaluada por la última. Va de suyo, entonces que la respuesta a dar debe comprender a los otros acusadores quienes también solicitan se escuche a Cristina Fernández en indagatoria y para ello no alcanza la remisión que efectúa a su fallo del 25 de agosto de este año, porque entonces y al respecto no fijó su posición porque declinó su competencia en favor de otro Magistrado (criterio que además fue revocado)”, agregó la Cámara.

Luego subrayó que “es sinuosa la traza que viene transitando sobre la cuestión. Primero, porque agregó los pedidos de indagatoria al principal de la causa CFP 3017/2013 y es en ese expediente en el que también responde; sin embargo indica ahora que la investigación sobre esos supuestos intervinientes en el hecho principal se debe desarrollar en la conexa 13694/2016”.

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“Y cuando rescata esa vieja delegación de la instrucción al Fiscal, olvida que en aquel entonces la justificó en la necesidad de determinar “la razón y el origen del dinero que estaba en poder de Lázaro Báez” (ver decreto del 6/7/2016 del principal) cuestión en la que allí no se avanzó y que a la postre fue superada por el progreso de la causa 5048/2016 del Juzgado Federal n° 10”, subrayó.

“Y ahora exige la exclusiva acción de las Querellas para satisfacer rápidamente el proceso de recolección de evidencias en aquel expediente, pero para dilucidar la ‘responsabilidad de los funcionarios públicos’”, comentó el tribunal.

Además, “esa práctica también choca con sus propios actos en tanto la última declinatoria de competencia que dispuso –en forma directa y sin que medie pedido del Fiscal- no pudo sino importar la reasunción de la dirección del proceso. Y en todas estas idas y vueltas lo que con evidencia deja de lado es que, en ese marco y en la etapa preparatoria del procedimiento penal vigente, la tarea de recolección de pruebas es responsabilidad del Juez –y del Fiscal en su caso- con independencia de los aportes que puedan realizar las restantes partes”, comentó la Cámara.

Clarín adelantó en exclusiva hace dos semanas que el desenlace del enfrentamiento jurídico definirá cómo la ex mandataria será juzgada en futuros juicios orales.

Cristina está procesada por otros jueces como jefa de una asociación ilícita en las causas del direccionamiento de 3 mil millones de dólares en carácter de obra pública a favor de Lázaro Báez y en Los Sauces, mientras es indagada por Hotesur.

Para el organismo antilavado, estas cuatro causas constituyen “una sola maniobra” para robarle plata al estado con obras públicas de Báez pagadas con sobreprecios o sin terminar.

Parte de esta plata, luego, Báez la pagaba en concepto de “alquileres falsos” de los hoteles a los Kirchner.

Finalmente, Báez sacó, por lo menos, 60 millones de dólares que depositó y luego repatrió de Suiza con la intención de incorporarlos como dinero blanco al sistema.

La UIF sostiene que “el 75 por ciento del patrimonio de los Kirchner se explican con los alquileres y otros pagos de Báez”. En cambio, para Casanello el reclamo de la UIF “se basa exclusivamente en el sentido común y no en pruebas que vinculen a Cristina”, señaló otra fuente judicial.

Si Cristina es indagada y eventualmente procesada por lavado en la ruta del dinero K para que estos cuatro juicios, supuestamente, se unifiquen o no en la etapa de juicios orales donde se decidirá si es culpable y si es condena a penas de prisión.

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