Política

Tras 34 años de gobierno justicialista, Formosa sigue sumergida en el drama social de la falta de agua

En cada reclamo, protesta social o corte de ruta que se produce en Formosa: la falta de provisión de agua potable y la total desatención a la salud de los pobladores, son los denominadores comunes de todos los reclamos sociales.

Ambos padecimientos crónicos que se pagan con vidas; sufrimientos y postergaciones, tienen origen en el andamiaje de corrupción y enriquecimiento ilícitos de los funcionarios de Gildo Insfran. Lucran con plata que le roban a la salud, y lucran económica y políticamente con la provisión y el acarreo de agua a los pobladores.

HAMBRE DE AGUA

En una provincia rodeada de ríos, enclavada sobre el acuífero guaraní y bañada por riachos y lagunas, después de tres décadas perdidas, la falta falta de agua sigue pincelando un dramático cuadro social para muchos y en un gran e inescrupuloso negociado para unos pocos.

Todo se potenció con el estrepitoso fracaso de las mayorías de las faraónicas obras hídricas y canalizaciones de los ríos Bermejo y Pilcomayo ejecutadas como la gran solución por el gobierno provincial.

Eso permitió la visualización de la desesperante situación de los pobladores, que generaba y genera un millonario negocio para funcionarios y transportistas, y una herramienta de opresión y extorsión para los punteros políticos del FdV que manejan el negocio del Agua.

Funcionarios, punteros y privados ligados en complicidades revenden a la gente el agua ya pagado por el estado, con camiones contratados por el SPAP, y cuyos viajes deberían ser controlados por los municipios.

Si aparece agua por algunos canales o reservorios, es intomable por lo salada, por lo que para el consumo humano hay que comprar “si o si” bidones de agua dulce, que venden a la gente las empresas contratadas por el estado. Un doble negocio redondo, le venden a la gente el agua que ya les pagó el Estado.

La alarmante la falta de provisión de agua potable en la mayoría de las localidades del interior provincial y zonas aledañas, se convierte en una herramienta más de despojo, extorsión y una nueva herramienta del clientelismo político. Un gran negocio que se implementa con la connivencia del SPAP y de las municipalidades, que abandonan a su suerte a quienes deben administrar.

Esta es la provincia real, la realidad de una provincia atrasada, empobrecida, improductiva, donde el agua corriente no es un derecho, sino un elemento de avasallamiento de pueblos enteros y de grandes oportunidades económicas para unos pocos avivados y oportunistas.

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