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Villaggi: “Ibañez miente vilmente para justificar las restricciones y el gran negocio que hace la provincia con los Centros que no son sanitarios”

La abogada Agostina Villaggi, en comunicación con Radio Parque explicó las acciones que tomará conjuntamente con el equipo jurídico con el que viene trabajando por las nuevas restricciones a los ingresos y los centros de aislamiento en Formosa.

El equipo jurídico, lo integran el Dr. Juan Montoya, Richard Jaquet, Emilia Maciel,  y con respecto al ingreso presentaron un Habeas Corpus cuando el gobierno nacional sacó un DNU y la provincia se negaba cumplirlo, de esta forma se logró un fallo que habilitaban ingreso sin cuarentena obligatoria, después de 15 días la provincia tomó la decisión de comenzar a cobrar por el ingreso la suma de $5000 por persona en supuesto carácter de un arancel por testeo,  a lo cual se opusieron porque entienden que es un impuesto encubierto.

Esto es una Aduana interna dentro de la Argentina, siendo que esto está prohibido por la Constitución nacional, vulnera el derecho de igualdad para todas aquellas personas que no tienen este recurso económico, consideramos entonces que esto es totalmente ilegal.

No hay ninguna provincia que cobre $5000 por un arancel de testeo, escuché al ministro Ibáñez decir que la CABA lo hacía pero esto es una vil mentira porque la provincia ofrece laboratorios privados, y también un servicio de testeo gratuito, entonces al  estudiar para realizar el planteo a la Justicia Federal se entiende que lo planteado por el ministro es sólo para justificar lo que sucede en la provincia, entonces esto viola nuevamente el derecho de libre circulación, por eso volvimos a plantearlo ante la justicia para que se corrija lo que está haciendo la provincia” enunció.

La letrada sostuvo que hacer una nación donde no hay fronteras sólo límites, las fronteras no pueden ser entre provincia y provincia,  se continúa trabajando con las denuncias por eso el día de ayer se presentaron cinco Habeas Corpus,  en favor de personas que están aisladas en estos centros  qué de sanitarios no tiene nada, y lo único que se logra ese maltrato psicológico, se hizo público el caso de Sebastián Barros por el cual se ha presentado una acción judicial,  otros casos son de personas que están cumpliendo su cuarentena domiciliaria sin embargo son amenazados  con ser llevados por la fuerza pública o de imputaciones judiciales.

“Seguimos denunciando que los centros de aislamiento no curan sino que empeoran las condiciones de la persona porque son sometidas a situaciones de estrés y angustia, los lugares deben compartirlo con otras personas que no saben que carga viral tienen,  lo cual puede empeorar el cuadro clínico, no entendemos entonces la lógica del gobierno, porque esas situaciones de aislamiento en escuelas o albergues no se repite en ninguna otra provincia, Formosa es la única que establece este tipo de medidas sanitarias, incluso demuestra que no tiene ningún tipo de beneficio en cuanto a contagio, porque estos aumentan, aunque son números que también dudamos de la credibilidad del gobierno, y que se estamos investigando porque en caso de ser necesario efectuar las denuncias correspondientes,  Por qué consideramos que no coinciden con los números que maneja la nación y así son muchas las irregularidades que suceden en la provincia“, sostuvo.

Villaggi dijo que existe un fallo de la CSJN que prohíbe los aislamientos de menores y mayores de riesgo, es por ello que la provincia tuvo que cambiar su protocolo,  esto está en el Expediente 36/21, caratulado Naidenoff Pefcoff sobre Hábeas Corpus,  hay que aclarar que este expediente aún sigue abierto y en curso porque se entiende que no importa el rango etario sino que todas las personas tienen el derecho a elegir donde transitar su aislamiento,  las denuncias que se continúan recibiendo son de personas que están cumpliendo la cuarentena en sus casas, y al cuarto o quinto día llega la policía y bajo amenaza de iniciarle acciones judiciales o efectuar un allanamiento y llevarlos por la fuerza, y el temor que eso le genera un ciudadano común acceden a irse a estos centros de aislamiento.

 Señaló que al llegar a estos lugares las personas siempre solicitan su ayuda para que se canalice a través de la justicia los padecimientos que sufren, y no hay que olvidarse de que han fallecido dos personas en estos centros, esto porque no son lugares aptos para transcurrir la enfermedad, y quiénes están más afectados o presentan sintomatología grave deben ir a un hospital no a un centro de aislamiento,

Entonces la provincia lo que hace es gastar fortunas en estos lugares, que no son seguros porque los enfermos de COVID 19 deben estar en sanatorios u hospitales con atención sanitaria adecuada, todo esto por un negocio de la provincia porque ahí justifican los gastos,  de acondicionar escuela que no cumple la función de educar, en vez de establecer hospitales de campaña como en todas las demás provincias y dejar en las personas que transitan la enfermedad lo hagan en sus domicilios y ocuparse de quienes necesitan una asistencia adecuada real. Porque en estos centros hay un amontonamiento de personas y lo único que hacen es empeorar el cuadro clínico de los pacientes, es decir hoy el negocio de las provincias son los centros de aislamientos.

 Para culminar añadió que llegarán hasta las últimas consecuencias para poner esto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de lo que sucede en los centros de aislamiento, de las muertes tanto la de Juana como la que se produjo en Clorinda, y de todas las denuncias que hacen las personas aisladas por las malas condiciones de estos centros para que la justicia pueda expedirse con respecto a la inconstitucionalidad de estos CAP.

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